"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
La ministra Carolina Darias firma convenios para reducir cargas administrativas a empresas, emprendedores y colectivos especiales
12/06/2020
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha suscrito hoy convenios sobre reducción de cargas administrativas con empresarios, autónomos y personas con discapacidades, con el objetivo de facilitar la labor de emprendedores, eliminar barreras burocráticas e impedimentos en las relaciones con la Administración General del Estado.
La Administración General del Estado (AGE) potencia así la participación activa del sector social y empresarial en la política de reducción de cargas administrativas a través de la firma de convenios con las organizaciones y asociaciones más representativas.
La ministra Carolina Darias ha señalado el objetivo principal de estos convenios: “Eliminar obligaciones innecesarias, o reducir la frecuencia de petición de datos, o facilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos. Estos convenios van a contribuir a reducir las denominadas “cargas administrativas”.
Los convenios tienen como objetivo facilitar las relaciones de empresas y la ciudadanía con la Administración General del Estado. La ministra ha destacado que “existen trámites innecesarios, repetitivos o especialmente complejos que pueden suprimirse, reducirse o simplificarse”.
Convenios con las organizaciones y asociaciones más representativas
Estos convenios forman parte de las políticas de simplificación administrativa y participación de las partes interesadas en las actuaciones de la AGE, como medio de interlocución de empresas y sectores específicos. Las propuestas que originan son uno de los puntos de partida de los Planes de Simplificación y Reducción de Cargas que los ministerios elaboran anualmente. Los convenios amparan también la organización de laboratorios de ideas o foros de discusión de cuestiones concretas entre centros gestores de la AGE y empresas afectadas.
La reducción de cargas administrativas constituye una política pública en la agenda de los gobiernos, administraciones y organismos públicos nacionales e internacionales (especial ente en la UE y OCDE), y representa una reiterada demanda de los ciudadanos, empresas y agentes socioeconómicos, destinatarios finales de las actividades de las administraciones públicas.
Organizaciones con las que se firman convenios en 2020
La ministra de Política Territorial y Función Pública, en representación de la Administración General del Estado, ha firmado hoy convenios con:
- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), representada por su secretario general, José Alberto González-Ruíz, y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), representada por su secretario general, Pedro Fernández Alén
- Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), representada por su presidente, Lorenzo Amor.
- Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), representado por su presidente, Luis Cayo.
- Cámara de Comercio de España, firma electrónicamente su presidente, José Luis Bonet, y representada en el acto por su secretario general, Adolfo Díaz-Ambrona
Para qué sirven estos convenios
El desarrollo de los convenios supone la recopilación por las organizaciones de propuestas de simplificación de procedimientos que lleven aparejadas reducción de cargas administrativas y que afecten principalmente, pero no necesariamente, al colectivo al que representan
Las propuestas que reciba el Ministerio de Política Territorial y Función Pública serán distribuidas entre los todos los ministerios en función de sus competencias para su valoración y posible puesta en práctica.
La firma de convenios de reducción de cargas administrativas es una experiencia positiva y permite mantener un contacto directo con emprendedores, autónomos y distintas asociaciones. Durante 2019, se analizaron un total de 148 propuestas, que afectaban a los distintos ministerios, destacando el mayor volumen las que corresponden a Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hacienda e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, entre 2018 y 2019 se celebraron 16 encuentros con empresarios y colectivos, en Santander, Madrid, Gijón, Valencia, Sevilla Las Palmas, Elche, Granada y Pamplona.
En 2020 los convenios se centrarán principalmente, pero no de manera exclusiva, en los procedimientos que afectan al sector energético, en el ámbito de la economía circular y lucha contra el cambio climático, fomento del trabajo autónomo, procedimiento administrativo común, así como las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias.
Permitirán acciones para mejorar el funcionamiento de la administración electrónica, reducir la documentación que se solicita en los procedimientos, mejorar la interconexión entre diferentes departamentos (interoperabilidad), mejorar la información disponible en las webs de determinados organismos, facilitar la cumplimentación de formularios, o la puesta en marcha de campañas informativas sobre temas de interés general, para empresas y ciudadanos.
Estos convenios acreditan el papel complementario que, junto a la Administración General del Estado, ejercen empresas y asociaciones de colectivos en la mejora de los servicios públicos y cobran especial relevancia en el momento actual, cuando la lucha contra los efectos del COVID-19 ha dado lugar a una intensa actividad de los poderes públicos para contener y mitigar los efectos de la pandemia. Se pretende buscar la participación de los agentes económicos y sociales en el contexto de un gobierno abierto y participativo en el proceso de recuperación coadyuvando al estímulo la economía y la protección de colectivos más vulnerables.
Fuente: Ministerio de Política Territorial y Función Pública
